Details
Los terceros complejos
Recomendaciones para el ejercicio de la competencia limitada de la JEP en casos de actores económicosDocumentos
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6,49 € |
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| Verlag: | Dejusticia |
| Format: | |
| Veröffentl.: | 01.04.2019 |
| ISBN/EAN: | 9789585441682 |
| Sprache: | spanisch |
| Anzahl Seiten: | 91 |
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Beschreibungen
Este documento busca proponer cursos de acción para superar las dificultades que pueden surgir en el marco del proceso para responsabilizar a actores económicos al interior de la JEP por su participación en los delitos de su competencia.
La transición que la sociedad colombiana decidió realizar para superar el conflicto armado que enfrentó al Estado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) incluye procesar penalmente a los máximos responsables de los crímenes más graves, para lo cual se creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La complejidad del conflicto armado colombiano es irreductible a la confrontación bélica entre la fuerza pública y los actores armados ilegales. De ahí se acordó en La Habana, como parte del Punto 5 del Acuerdo Final de Paz, que el componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición incluyera a todos aquellos que hubieran participado directa o indirectamente en el conflicto.
Allí entran en juego los actores económicos, aquellas personas que realizan actividades empresariales o comerciales y que, en desarrollo de estas y sin hacer parte de ninguno de los bandos en conformación, hayan contribuido (presuntamente) a delitos cometidos en el marco del conflicto armado.
Entender la forma en que estas personas actuaron, los contextos en los que se encontraban insertos y sus responsabilidades penales, por lo menos en los delitos más graves, es crucial para garantizar los derechos de las víctimas, cumplir la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos humanos, dar un cierre jurídico completo al conflicto y, a fin de cuentas, para que la sociedad colombiana entienda el papel que jugaron los actores económicos en el conflicto.
Este documento persigue un doble propósito: de una parte socializar insumos a disposición de la JEP para llevar a cabo su labor, basados en investigaciones previas de Dejusticia y la Red de Justicia Transicional de la Universidad de Essex; y, de otra, proponer cursos de acción para superar las dificultades que pueden surgir en el marco del proceso para responsabilizar a actores económicos al interior de la JEP por su participación en los delitos de su competencia.
La transición que la sociedad colombiana decidió realizar para superar el conflicto armado que enfrentó al Estado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) incluye procesar penalmente a los máximos responsables de los crímenes más graves, para lo cual se creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La complejidad del conflicto armado colombiano es irreductible a la confrontación bélica entre la fuerza pública y los actores armados ilegales. De ahí se acordó en La Habana, como parte del Punto 5 del Acuerdo Final de Paz, que el componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición incluyera a todos aquellos que hubieran participado directa o indirectamente en el conflicto.
Allí entran en juego los actores económicos, aquellas personas que realizan actividades empresariales o comerciales y que, en desarrollo de estas y sin hacer parte de ninguno de los bandos en conformación, hayan contribuido (presuntamente) a delitos cometidos en el marco del conflicto armado.
Entender la forma en que estas personas actuaron, los contextos en los que se encontraban insertos y sus responsabilidades penales, por lo menos en los delitos más graves, es crucial para garantizar los derechos de las víctimas, cumplir la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos humanos, dar un cierre jurídico completo al conflicto y, a fin de cuentas, para que la sociedad colombiana entienda el papel que jugaron los actores económicos en el conflicto.
Este documento persigue un doble propósito: de una parte socializar insumos a disposición de la JEP para llevar a cabo su labor, basados en investigaciones previas de Dejusticia y la Red de Justicia Transicional de la Universidad de Essex; y, de otra, proponer cursos de acción para superar las dificultades que pueden surgir en el marco del proceso para responsabilizar a actores económicos al interior de la JEP por su participación en los delitos de su competencia.
Sabine Michalowski
Catedrática de Derecho en la Universidad de Essex, directora de la Red de Justicia Transicional de Essex y miembro del Centro de Derechos Humanos de la misma universidad. Ha sido profesora visitante en universidades de distintos países. Sus intereses académicos se enfocan, entre otros, en el tema de la complicidad de actores económicos en graves violaciones de los derechos humanos y en cómo enfrentarlas en procesos
de justicia transicional. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran "Responsabilidad corporativa y justicia transicional" (Anuario de Derechos Humanos, 2015); como coautora, "Doing Business with a Bad Actor: How to Draw the Line Between Legitimate Commercial Activities and Those that Trigger Corporate Complicity Liability" (Texas Journal of International Law, 2015).
Alejandro Jiménez Ospina
Abogado de la Universidad de Medellín y especialista en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente se encuentra en proceso de grado para la maestría en Derecho con profundización en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Colombia. Ha estado vinculado como profesor asistente de Derecho Constitucional colombiano en la Universidad Nacional de Colombia, y de Derecho Interna-
cional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Es investigador de Dejusticia en el área de Litigio, con especial énfasis en asuntos de justicia transicional y corrupción.
Hobeth Martínez Carrillo
Abogado de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Sociología Jurídica del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, Universidad del País Vasco. Cuenta con experiencia investigativa en temas de derechos étnicos, justicia transicional y problemáticas socioterritoriales en Colombia. En Dejusticia ha trabajado en asuntos relativos a la implementación del Acuerdo Final de Paz, Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y política fiscal; es investigador de Dejusticia en el área de Justicia Transicional. Entre sus publicaciones más recientes se destaca Domando la incertidumbre: el control constitucional de actos legislativos en tiempos de transición
de la guerra hacia la paz negociada (Universidad Externado de Colombia, 2018), de la cual es coautor.
Daniel Marín López
Estudió Ciencia Política y Derecho en la Universidad de los Andes. Tiene una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Northwestern (Estados Unidos), donde se graduó con honores. Es investigador del área de Justicia Transicional en Dejusticia; trabajó como asesor jurídico del Programa "Justicia transicional en Colombia-ProFis", de la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), y estudió en el programa "Justicia global y derechos humanos" de la Universidad de los Andes. Es coautor del libro Cuentas claras: el papel de la Comisión de la Verdad en la develación de la responsabilidad de empresas en el conflicto armado colombiano (Dejusticia y Universidad de Oxford, 2018).
Catedrática de Derecho en la Universidad de Essex, directora de la Red de Justicia Transicional de Essex y miembro del Centro de Derechos Humanos de la misma universidad. Ha sido profesora visitante en universidades de distintos países. Sus intereses académicos se enfocan, entre otros, en el tema de la complicidad de actores económicos en graves violaciones de los derechos humanos y en cómo enfrentarlas en procesos
de justicia transicional. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran "Responsabilidad corporativa y justicia transicional" (Anuario de Derechos Humanos, 2015); como coautora, "Doing Business with a Bad Actor: How to Draw the Line Between Legitimate Commercial Activities and Those that Trigger Corporate Complicity Liability" (Texas Journal of International Law, 2015).
Alejandro Jiménez Ospina
Abogado de la Universidad de Medellín y especialista en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente se encuentra en proceso de grado para la maestría en Derecho con profundización en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Colombia. Ha estado vinculado como profesor asistente de Derecho Constitucional colombiano en la Universidad Nacional de Colombia, y de Derecho Interna-
cional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Es investigador de Dejusticia en el área de Litigio, con especial énfasis en asuntos de justicia transicional y corrupción.
Hobeth Martínez Carrillo
Abogado de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Sociología Jurídica del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, Universidad del País Vasco. Cuenta con experiencia investigativa en temas de derechos étnicos, justicia transicional y problemáticas socioterritoriales en Colombia. En Dejusticia ha trabajado en asuntos relativos a la implementación del Acuerdo Final de Paz, Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y política fiscal; es investigador de Dejusticia en el área de Justicia Transicional. Entre sus publicaciones más recientes se destaca Domando la incertidumbre: el control constitucional de actos legislativos en tiempos de transición
de la guerra hacia la paz negociada (Universidad Externado de Colombia, 2018), de la cual es coautor.
Daniel Marín López
Estudió Ciencia Política y Derecho en la Universidad de los Andes. Tiene una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Northwestern (Estados Unidos), donde se graduó con honores. Es investigador del área de Justicia Transicional en Dejusticia; trabajó como asesor jurídico del Programa "Justicia transicional en Colombia-ProFis", de la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), y estudió en el programa "Justicia global y derechos humanos" de la Universidad de los Andes. Es coautor del libro Cuentas claras: el papel de la Comisión de la Verdad en la develación de la responsabilidad de empresas en el conflicto armado colombiano (Dejusticia y Universidad de Oxford, 2018).
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