Arnáez Braschi, Enrique
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Verano de 2014, vol. 11, nro. 41
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Revista de Economía y Derecho
Primavera de 2013, vol. 10, nro. 40
Diseño y Gestión en Moda
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Invierno de 2013, vol. 10, nro. 39
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Manuel Chú Rubio
Economista por la Universidad de Lima, Magíster en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico, Doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña, España y Doctor en Ciencias Contables y Empresariales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha realizado estudios en Public Affairs en el Hubert Humphrey Institute of Public Affairs and Business School of University of Minnesota; y cuenta con estudios de especialización en Finanzas Corporativas en el Leonard N. Stern School of Business, New York University; en la School of Business University of Chicago y en Duke University. Actualmente es Director Académico de Campus y del Área de Finanzas de la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y miembro de la Financial Management Association International (FMA).
Carlos Agüero Olivos
Economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Magíster en Administración de Negocios (MBA) por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Magíster en Docencia para la Educación Superior – UNAB, Estudios de Especialización en Finanzas Corporativas en Duke University y actual Candidato a Doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Catalunya, España. Especialista en finanzas empresariales y evaluación de proyectos en la Banca de Fomento y cuenta con más de 15 años de experiencia en la docencia universitaria, a nivel de pre-grado y post grado.
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ALIAGA, Carlos. (2006) Matemáticas financieras. Lima: ECITEC.
BACA URBINA, Gabriel (2010) Fundamentos de ingeniería económica. México, D. F.: Mc Graw-Hill.
BLANK, Leland (2004) Ingeniería económica. México, D. F.: McGraw-Hill.
BREALEY, Richard y MYERS, Stewart (2009) Principios de finanzas corporativas. México, D.F.: McGraw-Hill.
CHU RUBIO, Manuel (2005) Finanzas para no financieros. Lima: UPC, Fondo Editorial.
CHU RUBIO, Manuel (2009) Fundamentos de finanzas: un enfoque peruano. Lima: Financial Advisory Partners.
ESPINOZA, Abdías. (1995) Manual de matemáticas financieras. Lima: s/e.
EMERY, Douglas y FINNERTY, John (2000) Administración financiera corporativa. México: Prentice Hall.
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PASTOR, Guillermo (2004) Matemáticas financieras. México: Limusa.
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VENTO, Alfredo (2004) Finanzas aplicadas. Lima: Universidad del Pacífico.
ZIMA, Petr (2005) Matemáticas financieras. México, D. F.: McGraw-Hill.
El sistema financiero es el conjunto de instituciones encargadas de la circulación del flujo monetario y cuya tarea principal es canalizar el dinero de los ahorristas (agentes superavitarios) hacia quienes desean hacer inversiones productivas (agentes deficitarios). Las instituciones que cumplen con este papel se llaman intermediarios financieros o mercados financieros. Los medios que utilizan estas instituciones para facilitar las transferencias de fondos de ahorros a las unidades productivas se denominan instrumentos financieros.
El sistema financiero peruano está regulado por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) (Ley 26702)1. Está conformado por el conjunto de instituciones bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de derecho público o de derecho privado debidamente autorizadas, que operan en la intermediación financiera. Se entiende por intermediación financiera a la actividad habitual desarrollada por empresas e instituciones autorizadas para captar fondos del público bajo diferentes modalidades y colocarlos en forma de créditos e inversiones.
La ley establece el marco de regulación y supervisión a que se someten las empresas que operan en el sistema financiero y de seguros, así como aquellas que realizan actividades vinculadas o complementarias al objeto social de dichas personas. No alcanza al Banco Central de Reserva (BCR).
En la presente ley, la inversión extranjera en las empresas tiene igual tratamiento que el capital nacional con la sujeción, en su caso, a los convenios internacionales sobre la materia.
El Estado no participa en el sistema financiero nacional, salvo las inversiones que posee en la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) como Banco de desarrollo de segundo piso.
Las empresas del sistema financiero pueden señalar libremente las tasas de interés, comisiones y gastos para sus operaciones activas, pasivas y servicios. Sin embargo, para el caso de la fijación de las tasas de interés deberán observar los límites que para el efecto señale el BCR, excepcionalmente, con arreglo a lo previsto en su ley orgánica. No alcanza a la actividad de intermediación financiera (artículo 9).
Las empresas del sistema de seguros determinan libremente las condiciones de las pólizas, sus tarifas y otras comisiones.
La tasa de interés, las comisiones y demás tarifas que cobren las empresas del sistema financiero y del sistema de seguro, así como las condiciones de las pólizas de seguro, deberán ser puestas en conocimiento del público, de acuerdo con las normas que establezca la Superintendencia.
Según el artículo 1243 del Código Civil, la tasa máxima de interés convencional compensatorio o moratorio es fijada por el BCR. Cualquier exceso sobre la tasa máxima da lugar a la devolución o a la imputación al capital, a voluntad del deudor.
Constituidos por el conjunto de depósitos de dinero que, bajo cualquier modalidad, realizan las personas naturales y jurídicas del país o del exterior en las empresas del sistema financiero peruano. Incluyen los depósitos y la adquisición de instrumentos representativos de deuda, emitidos por las empresas.
Son los cargos que deben efectuar todas las empresas que realizan operaciones sujetas a riesgo crediticio en los estados de pérdidas y ganancias. Las provisiones pueden ser genéricas o específicas, según la calificación del crédito. Las provisiones genéricas no deben exceder del uno por ciento de la cartera normal, salvo situaciones excepcionales.
Todas las empresas que capten fondos del público deben contar con la clasificación de por lo menos dos empresas clasificadoras de riesgo, cada seis meses. De existir dos clasificaciones diferentes, prevalecerá la más baja.
La Superintendencia clasifica a las empresas del sistema financiero de acuerdo con criterios técnicos y ponderaciones que son previamente establecidos, como la administración de riesgo, la calidad de las carteras crediticia y negociable, la solidez patrimonial, la rentabilidad y la eficiencia financiera y de gestión, y la liquidez.
Está prohibido que las empresas del sistema financiero, así como sus directores y trabajadores, suministren cualquier información sobre las operaciones pasivas con sus clientes, a menos que medie autorización escrita de estos.
El fondo de seguro de depósito es una persona jurídica de derecho privado de naturaleza especial regulada por la Ley General del Sistema Financiero, las disposiciones reglamentarias emitidas mediante decreto supremo y su estatuto. Tiene por objeto proteger a quienes realicen depósitos en las empresas del sistema financiero.
Se encuentra facultado para dar cobertura a los depósitos, facilitar la transferencia de los depósitos y activos de empresas sometidas al régimen de intervención y ejecutar situaciones excepcionales. Estas medidas dictadas por la Superintendencia están orientadas al fortalecimiento patrimonial de las empresas del sistema financiero cuando una empresa miembro del fondo se encuentra sometida al régimen de vigilancia.
Está a cargo de la SBS. Es un sistema integrado de registro de riesgos financieros, crediticios, comerciales y de seguros, que cuenta con información consolidada y clasificada sobre los deudores de las empresas.
Toda institución gremial que cuente con la infraestructura necesaria podrá tener acceso, previo convenio con la SBS. La información está disponible para las empresas del sistema financiero y de seguros, el BCR, las empresas comerciales y cualquier interesado en general, previo pago de las tarifas establecidas.
En la central de riesgos se registran los riesgos de endeudamientos financieros y crediticios en el país y en el exterior, los riesgos comerciales en el país, los riesgos vinculados con el seguro de crédito y otros riesgos de seguro, dentro de los límites que determine la SBS.
Adicionalmente, podrán registrarse las garantías prendarias constituidas a favor de las empresas del sistema financiero, todo encargo fiduciario que comporte la transferencia de bienes, con la indicación de estos últimos y cualquier otro tipo de endeudamiento que genere riesgos crediticios adicionales para cualquier acreedor.
Las personas jurídicas pueden constituir centrales de riesgo privadas, con el objeto de proporcionar al público información sobre los antecedentes crediticios de los deudores del sistema financiero y de seguros, sobre todo del uso indebido del cheque.
Las empresas del sistema financiero están sujetas a encaje de acuerdo con la naturaleza de las obligaciones o con la de sus operaciones, según lo determine el BCR.
El encaje mínimo legal al mes de abril de 2012 es nueve por ciento del total de obligaciones sujetas a encaje. Lo que excede se le denomina encaje adicional.
Por razones de política monetaria, el BCR establece encajes adicionales o marginales. Está facultado a reconocer intereses por los fondos con los que se les constituya, a la tasa que determine su directorio.
Los encajes deben estar constituidos por dinero en efectivo, en caja de la empresa o depósitos en el BCR. La moneda extranjera no puede constituir encaje de obligaciones nacional ni viceversa.
Las empresas del sistema financiero cuyos activos y créditos contingentes ponderados por riesgo excedan el límite de once veces su patrimonio deben depositar todo incremento en el nivel de sus obligaciones sujetas a encaje que aparezcan en los informes del BCR, en las respectivas monedas, desde el momento mismo en que el exceso promedio figure en tales informes.
Es una relación jurídica por la cual el fideicomitente transfiere bienes en fideicomiso a otra persona, denominada fiduciario, para la constitución de un patrimonio fideicometido, sujeto al dominio fiduciario de este último y afectado al cumplimiento de un fin específico en favor del fideicomitente o un tercero denominado fideicomisario.
El fiduciario es una persona, compañía o asociación que mantiene activos en nombre de un beneficiado. Tiene la responsabilidad de invertir los recursos para obtener rentabilidad para el beneficiario.
De acuerdo con el artículo 282 de la Ley General del Sistema Financiero, las empresas están definidas de la siguiente forma:
a. Empresa bancaria. Su negocio principal consiste en recibir dinero del público en depósito o bajo cualquier otra modalidad contractual y utilizar ese dinero, su propio capital y el que obtenga de otras fuentes de financiación para conceder créditos en las diversas modalidades o aplicarlos a operaciones sujetas a riesgos de mercado.
b. Empresa financiera. Capta recursos del público y su especialidad consiste en facilitar las colocaciones de primeras emisiones de valores, operar con valores mobiliarios y brindar asesoría de carácter financiero.
c. Empresa de arrendamiento financiero. Su especialidad consiste en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, que serán cedidos en uso a una persona natural o jurídica a cambio del pago de una renta periódica con la opción de comprar dichos bienes por un valor predeterminado.
d. Caja Rural de Ahorro y Crédito. Capta recursos del público y su especialidad consiste en otorgar financiamiento preferentemente a la mediana, pequeña y microempresa del ámbito rural.
e. Caja Municipal de Ahorro y Crédito. Capta recursos del público y su especialidad consiste en realizar operaciones de financiamiento, preferentemente a las pequeñas y microempresas.
f. Caja Municipal de Crédito Popular. Especializada en otorgar crédito pignoraticio al público en general. Está también facultada para efectuar operaciones activas y pasivas con los respectivos concejos provinciales y distritales y con las empresas municipales dependientes de los primeros, así como para brindar servicios bancarios a dichos concejos y empresas.
g. Empresa de desarrollo de la pequeña y microempresa (Edpyme). Es aquella cuya especialidad consiste en otorgar financiamiento preferentemente a los empresarios de la pequeña y microempresa.
h. Empresa de factoring. Su especialidad consiste en la adquisición de facturas conformadas, títulos valores y, en general, cualquier valor mobiliario representativo de deuda.
i. Empresa afianzadora y de garantías. Su especialidad consiste en otorgar afianzamientos para garantizar a personas naturales o jurídicas ante otras empresas del sistema financiero o ante empresas del extranjero en operaciones vinculadas con el comercio exterior.
j. Empresa de servicios fiduciarios. Su especialidad consiste en actuar como fiduciario en la administración de patrimonios autónomos fiduciarios o en el cumplimiento de encargos fiduciarios de cualquier naturaleza.
k. Cooperativas de ahorro y crédito. Autorizadas para captar los recursos del público a los que se refiere el artículo 289 de la presente ley.
Son sociedades anónimas que tienen por objeto promover la inversión en general, tanto en el país como en el extranjero, actuando como inversionistas directos o intermediarios entre inversionistas y los empresarios que confronten requerimientos de capital. No pueden recibir depósitos del público, efectuar colocaciones ni otorgar créditos contingentes, por lo tanto, carecen de cartera crediticia.
Los bancos de inversión solo operan en cartera negociable, afectan a los diversos riesgos de mercado.
• Bancos
• Financieras
• Compañías de seguros
• Administradoras de fondos de pensiones
• Banco de la Nación
• COFIDE
• Bolsa de Valores
• Bolsa de productos
• Bancos de inversiones
• Sociedad Nacional de Agentes de Bolsa
• Cajas rurales de ahorro y crédito
• Cajas municipales de ahorro y crédito
• Cajas municipales de crédito popular
• Edpymes
• Cooperativas de ahorro y crédito
En el sistema financiero, se dan dos tipos de intermediación:
La intermediación indirecta, cuando los individuos, las empresas y el gobierno ofertan sus recursos a los intermediarios financieros (bancos, empresas de crédito, etcétera.), pero no conocen qué destino de inversión tendrán sus fondos.
En el caso de la intermediación directa, sí se conoce qué destinos de inversión tendrán sus recursos. Por ejemplo, adquirir bonos u acciones de una determinada empresa.
En la intermediación directa, se opera a través de dos mercados: el mercado primario, donde los valores (bonos y acciones) son comercializados por primera vez, y el mercado secundario, donde los valores ya emitidos se comercializan (se revenden). En el primer caso, la liquidez es para el emisor, y en el segundo caso, la liquidez es para el propio mercado.
El Banco de Reserva del Perú fue creado el 9 de marzo de 1922 e inició sus actividades el 4 de abril de ese mismo año. Posteriormente, el 28 de abril de 1931 fue transformado en Banco Central de Reserva del Perú, tomando en cuenta las recomendaciones de la posición del profesor Edwin Kemmerer, que señaló que la principal misión del Banco debía ser mantener el valor de la moneda.
La Constitución Política del Estado establece dos aspectos fundamentales sobre la política monetaria: la autonomía del Banco en el marco de su Ley Orgánica y su finalidad única de preservar la estabilidad monetaria. Se precisa así que la estabilidad de precios es el principal aporte que el Banco Central puede hacer a la economía del país, pues, al controlarse la inflación, se reduce la incertidumbre y se genera confianza en el valor presente y futuro de la moneda, elemento imprescindible para estimular el ahorro, atraer inversiones productivas y así promover un crecimiento sostenido de la economía.
La autonomía del Banco Central es una condición necesaria para el manejo basado en un criterio técnico, con un horizonte que trasciende los ciclos políticos. La experiencia internacional muestra que los países con bancos centrales autónomos tienen bajas tasas de inflación y mayores tasas de crecimiento económico. Para garantizar la autonomía del Banco Central, la ley orgánica prohíbe al Banco financiar al sector público, otorgar créditos selectivos y establecer tipos de cambio múltiples, entre otros.
El Banco es gobernado por un directorio de siete miembros: tres designados por el Poder Legislativo y cuatro por el Poder Ejecutivo, uno de los cuales preside el directorio y debe contar con la ratificación del Congreso. El presidente del directorio se desempeña también como gobernador ante el Fondo Monetario Internacional y como gobernador alterno ante el Banco Mundial.
De acuerdo con la Constitución, son funciones del Banco regular la cantidad de dinero, administrar las reservas internacionales, emitir billetes y monedas e informar periódicamente sobre las finanzas nacionales.
La administración de las reservas internacionales se realiza siguiendo criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad. Para ello, se toma en cuenta la situación y perspectivas de la economía nacional y del contexto internacional. Las reservas internacionales juegan un papel primordial en la estabilidad cambiaria, monetaria y financiera del país.
El Banco abastece a la economía de un nivel adecuado de billetes y monedas a nivel nacional, garantizando un suministro oportuno en tres diferentes aspectos: nivel, calidad y cantidad por denominaciones, para que los agentes económicos realicen fluidamente sus transacciones.
El Banco Central cumple con su tarea de informar sobre finanzas nacionales a través de sus diferentes publicaciones periódicas, tales como el Boletín Semanal y la Memoria Anual, el resumen diario de sus operaciones monetarias y cambiarias, y el resumen informativo semanal, que se difunden a través de distintos medios de comunicación. Cuenta además con información actualizada a través de su página web (www.bcrp.gob.pe). Cabe precisar que el Banco Central formula exclusivamente las estadísticas referidas a la balanza de pagos y las cuentas monetarias.
Además de su sede central y la Casa Nacional de Moneda, ubicadas en la ciudad de Lima, el Banco Central cuenta con sucursales en Arequipa, Cusco, Huancayo, Iquitos, Piura, Puno y Trujillo.
Adicionalmente al cumplimiento de las funciones que la Constitución le señala, el Banco ha apoyado, desde sus inicios, el desarrollo y la difusión de la cultura en el país. Dicha labor se realiza actualmente a través del Museo, el Fondo Editorial, el Centro de Información y Documentación, así como de la acuñación de monedas y la restauración de bienes inmuebles. El Banco también publica desde hace más de una década la revista Moneda, especializada en temas económicos, y realiza anualmente, desde 1962, un curso de extensión universitaria dirigido a estudiantes de Economía.
Es el organismo encargado de la regulación y supervisión de los sistemas financiero, de seguros y, a partir del 25 de julio de 2000, del sistema privado de pensiones (SPP) (Ley 27328). Su objetivo primordial es preservar los intereses de los depositantes, asegurados y afiliados al SPP.
La SBS es una institución de derecho público cuya autonomía funcional está reconocida por la Constitución Política del Perú. Sus objetivos, funciones y atribuciones están establecidos en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS (Ley 26702).
La misión de la SBS es proteger los intereses de los depositantes, asegurados y afiliados al SPP, preservando la solidez e integridad de los sistemas financiero, de seguros y privado de pensiones.
Como institución reguladora, la SBS propicia el desarrollo de un marco legal moderno sobre la base del funcionamiento de una economía de mercado. La tarea de supervisión consiste en velar en forma permanente por la solvencia e integridad de cada empresa que actúa en el mercado. De esta manera, la SBS contribuye a generar valor en los mercados financiero, de seguros y privado de pensiones, a través de la señal de credibilidad que brinda una supervisión eficaz.